Por:
Rodolfo Guerrero Martínez (México)
En el marco del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) el jueves 7 de marzo del año
2024, se celebró la sesión del Consejo Consultivo de Transformación y
Cultura Digital de la Sociedad Civil Coffee Law “Doctor Jorge Fernández
Ruiz” (1), donde presentaron el desarrollo de los trabajos de
iniciativa con proyecto para regular la inteligencia artificial, además
de otros temas como el gobierno digital y la ciberseguridad (2).
Además, hicieron
apertura de las actividades del Comité de Ética, Estado de Derecho,
Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, las cuales encuentran su
inspiración en el primer borrador del Convenio Marco sobre inteligencia
artificial, democracia y estado de derecho, dado a conocer por el
Comité sobre Inteligencia Artificial (CAI) el día 18 de diciembre del
año 2023, cuya finalidad es asegurar que las actividades dentro del
ciclo de vida de los sistemas de IA sean plenamente consistentes con
los tres rubros antes referidos.
Los trabajos del
Comité de Ética, Estado de Derecho, Inteligencia Artificial y Derechos
Humanos cuentan con el respaldo de aliados estratégicos
institucionales, universitarios y tecnológicos; y comprenderá entre sus
ocupaciones el diagnostico, estudio, seguimiento y establecimiento de
propuestas legislativas – innovativas en materia de tecnologías
disruptivas. La primera de ellas es la identificación de los deepfakes
o ultrafalsos.
Por otra parte, en
la sesión del Consejo Consultivo se integraron a destacados lideres de
la industria tecnológica, autoridades académicas, juristas y expertos
en tecnológica a nivel nacional e internacional como:
En primer término,
a nivel nacional se integraron la Maestra Ana Isabel Cortés Corona,
secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de
Jalisco; el Doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera, Magistrado Presidente
de la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; el Doctor Ricardo Narváez Martínez, rector
de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG); el Doctor
José Alfonso Cruz Ramos, coordinador de investigación en el Instituto
Jalisciense de cancerología; y el Maestro Isaac Ávila Ahumada, founder
& parther en Who, make the Greatest.
Ahora bien, a
nivel internacional se incorporaron como miembros: el Doctor Rodolfo
Teosne Mendizabal, presidente emérito de ENATIC y director del Máster
de Derecho Digital de la Universidad de Barcelona-IL3; el Doctor
Alfonso Peralta Gutiérrez, Juez en el Poder Judicial y codirector del
Máster Digital Law and Business Tech EDIAE; y el Doctor Paul Enrique
Franco Zamora, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de
Bolivia.
En el presente
artículo daremos a conocer algunas de las participaciones compartidas
por los invitados de honor, actualmente nuevos integrantes de Consejo
Consultivo señalados en lo precedente.
La regulación de la Inteligencia Artificial en
México es una deuda pendiente: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez
La Inteligencia
artificial (IA) no es un tema de moda, es una obligación, una
responsabilidad enorme en la ruta de generar una sociedad del
conocimiento, y no solamente de la información, que permita de una vez
por todas, la homologación adecuada de los marcos jurídicos vigentes en
México, que nos garantice la cultura digital como piedra angular dentro
de los derechos humanos de última generación o derechos digitales.
En ese sentido, el
Estado de Mexicano debe facilitar y dar reconocimiento con ello, la
importancia de la IA como herramienta, y no como sustituto o reemplazo
de los seres humanos, sino el exhorto a ser mejores, contemplando la
inteligencia artificial como un factor que optimice los procesos que
desarrollamos en las actividades profesionales y personales (3).
De esta forma,
ubicamos más de 30 iniciativas presentadas en México, de las cuales
ninguna ha prosperado, varias de ellas relacionadas con la tipificación
de delitos que se puedan desempeñar mediante esta tecnología, sin
embargo, es valioso considerar que, la innovación jurídica no es
exclusiva del Congreso de la Unión, sino también de los Congresos de
cada entidad federativa de la República Mexicana, por tanto, Jalisco
por ejemplo, puede impulsar el comienzo de la tutela efectiva de los
derechos digitales, además de motivar el establecimiento de los
consensos que materialicen una Ley General de Inteligencia Artificial.
Cabe resaltar que,
en la sesión del Consejo Consultivo hemos compartido sobre los avances
de la iniciativa con proyecto de Ley Federal de Gobierno Digital e
Inteligencia Artificial, misma que estará presentándose para Jalisco,
Estado de México y otras entidades federativas que brinden apertura.
Línea de concientización de las tecnologías:
Paul Enrique Franco Zamora
Paul Enrique Franco Zamora, Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia Ha sido un privilegio
contar con el profesor Rodolfo Guerrero en eventos académicos
organizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
como es el V Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional “Corrientes
Transformadoras en la Justicia Constitucional”.
Dichos encuentros
internacionales son muy valiosos para el mejor entendimiento de los
temas tecnológicos, en ese sentido, ponemos en relieve que la
Inteligencia artificial es un aspecto que todavía encuentra mucha
resistencia en autoridades en instituciones y también algunos estados.
Nosotros hemos
partido de una concepción de que las redes sociales digitales y el
derecho digital, ya se han convertido en una realidad palpable, de la
cual es imposible desconocer el avance que se viene dando con relación
a estos dos elementos.
Por otra parte, hemos
manifestado que estamos rumbo a una democratización del acceso al
internet, y por supuesto, también esto promueve muchas veces algunas
cuestiones que pueden ser cuestionables, como puede definirse el espectro
de la libertad de expresión, debido a que los espacios virtuales y de
la comunicación, son algunos escenarios idóneos para incursionar la
libre manifestación de las ideas y opiniones, sin embargo, sabemos que
no constituye un derecho absoluto, ya que está condicionado a los
términos del uso de las redes sociales, es decir, el usuario acepta al
momento de ingresar por primera vez una serie restricciones constantemente
a este tipo de servicios y lo que puedan producir.
“Siempre el estado
procurará que la libertad de expresión se enmarque en los cánones
constitucionales, y por supuesto en lo que hace a mi región, en los
cánones convencionales”. No necesariamente restringiendo su ejercicio,
más bien por el contrario, vamos a asumir acciones específicas siempre
que sean de orden razonable y de orden proporcional, que estén
destinadas a la supresión de publicaciones ofensivas, a publicaciones
ilícitas, y a la cantidad de información compartida de forma controlada
en las redes sociales, por tanto, no habrá que tenerle mucho miedo.
“Hemos tratado de
generar una línea de concientización de que las redes sociales pueden
ser importantes, cuando las usamos de buena manera, pero también alertar
de cuáles son los aspectos de peligrosidad en los que podemos ingresar,
además si es que su utilización es de forma desproporcionada e ilegal”.
En la República de Bolivia se han emprendido los trabajos sobre la
tutela de los derechos y la protección de garantías a partir de esta
justicia constitucional digitalizada la que hacía alusión nuestro buen
amigo, el profesor Rodolfo Guerrero.
La transformación
de la justicia institucional y tal vez, propiamente de los procesos
constitucionales, es la que está evidenciando el paso tradicional de un
sistema judicial absolutamente ritualista, rigorista, a una
modernización de la jurisdicción constitucional. A través de esto, a
una nueva forma de incursionar en una tutela telemática de derechos, de
protección virtual de garantías, puesto que, hemos podido observar la
carencia de confianza en la ciudadanía sobre la celeridad, y el
estricto cumplimiento de los plazos que están establecidos en una norma
procesal.
Lo mencionado
viene a ser una ventaja, que anhela un gobierno electrónico. De esta
forma, se establece un impacto en el trámite constitucional por medio del
empleo de tecnologías, que exige precisamente, identificar las etapas
del gobierno electrónico, que pueden en la actualidad actualizarse
dentro del marco de la judicatura constitucional, y encontrarse
digitalizadas, ya entonces, verificar la eficacia que posee durante su
interposición, durante la continuidad del ámbito procesal, hasta la
obtención de una resolución final.
“Todos somos
conscientes que sin el gobierno electrónico no puede automatizarse, ni
digitalizarse el proceso constitucional, porque representa una labor
Estatal reafirmante de la justicia como un servicio estatal”.
Entonces un
sistema de gestión procesal y de apoyo judicial, sumado a un expediente
electrónico, la posibilidad de intercambio digital de piezas procesales,
un adecuado sistema de seguimiento de causas y plataformas de
interoperabilidad, aluden a principales herramientas virtuales de la
jurisdicción constitucional.
“Una vez adoptado
una política del gobierno electrónico en las Salas, Cortes y tribunales
constitucionales, impele que las autoridades judiciales y
gubernamentales van a procurar la presencia ya de una tutela
constitucional efectiva mediante la implementación de estas
herramientas en una sede jurisdiccional”.
Se vienen algunas
temáticas que pueden ser de repente debatibles, las nuevas modalidades probatorias,
por ejemplo, del ámbito penal, la evidencia digital, la prueba
electrónica, todos los aspectos que sean emergentes del producto, y como
producto del grado de avance tecnológico, de la masificación de las
tecnologías de información y comunicación en el ámbito digital,
generarán un espacio de debate.
No obstante, consideramos
que ya desde la superioridad que se ha generado del avance tecnológico
post pandemia, nos encontrarnos frente a una realidad que no la podemos
desconocer, como señalamos al inicio, y pues impele más bien subirse a
este vagón, a este tren de la Inteligencia artificial.
En Bolivia establecemos
debates sobre la justicia algorítmica y la predictibilidad; en la justicia
constitucional, todos sabemos que, ante problemas ya conocidos, también
existen soluciones, en esa lógica, si existe un ámbito de justicia
predecible, estamos configurando y garantizando el principio de certeza
jurídica, de seguridad jurídica, y si contamos ya en materia
constitucional con jurisprudencia consolidada en determinados fallos para
determinadas garantías jurisdiccionales.
Consideramos que las
iniciativas informáticas que se encuentren basadas precisamente en inteligencia
artificial, y que las podamos añadir a través de un sistema de
predictibilidad de la justicia constitucional, van a representar una
respuesta directa de la IA a ciertos pormenores surgidos durante la
tramitación o resolución de una causa.
“Si el justiciable
de antemano conoce los resultados posibles que arrojaría la
presentación de su acción, de su recurso de naturaleza constitucional, tendría
mayores argumentos para tomar una decisión correcta, que no amplíe de
manera innecesaria la congestión procesal, por el contrario, va a
ayudar a razonar adecuadamente qué tan benéfico es o no presentar su
recurso judicial, y en estos aspectos consideramos, son absolutamente
innovadores dentro de un sistema de Justicia Constitucional, que pueden
ayudar no solamente al justiciable, a la persona que está acudiendo a
los tribunales, sino también a los tribunales de encontrar la
posibilidad de aminorar esa excesiva carga procesal que a veces están
concentrados en los tribunales, y que a la postre promueve una
retardación que justicia de Justicia que para nada en absoluto resulta
benéfico para el sistema”.
En la República de
Bolivia tenemos presente estos elementos, su integración a los
tribunales, y que sean benéficos desde todo punto de vista. “La
sociedad en mi país tiene siempre temor sobre que la inteligencia artificial
nos va a quitar el empleo, por el contrario, nosotros propondríamos que
más bien, deberíamos de aprender a emplear la inteligencia artificial
para mejorar el desarrollo de nuestro trabajo en las instituciones”.
Notas
(1) Sesión de Consejo
Consultivo de Transformación y Cultura Digital. Véase en: https://youtu.be/71mzgDq67Ss
(2) Ciberseguridad en
México: Proyecto de Ley para el Estado de Jalisco. Colegio de
Contadores Públicos en Guadalajara, 2024. Véase en: https://t.ly/Lu1vc
(3) GUERRERO MARTÍNEZ,
Rodolfo. Inteligencia Artificial y Ética. Tribunal Electoral de la
Ciudad de México 2024. Véase en: https://t.ly/b9zX2
(4) Coffee Law SC. https://coffeelawmx.academy/
(5) Coffee Law SC. https://coffeelaw.tech/ --------------------------------------------------------------------- Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)
Abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara y maestro en
derecho con orientación en materia Constitucional y administrativo por
la misma casa de estudios. Es Socio Fundador y Representante Legal de la
Sociedad Civil Coffee Law “Dr. Jorge Fernández Ruiz”. Vicepresidente de
la Academia Mexicana de Derecho Informático, Capítulo Jalisco
(2020-2022). Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo (PLD) en el Colegio de Contadores
Públicos de Guadalajara. Titular de la Comisión de Legaltech del
Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
A.C.
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