NARCOTRAFICO, INJERENCIA EN LA NIÑEZ
Desde hace varias décadas, la temática del narcotráfico ha adquirido una relevancia creciente en la agenda social y política de las naciones, en tanto actividad que se convierte en raíz de una vasta serie de fenómenos delictivos que se le asocian. Una mirada rápida respecto de los debates surgidos en torno de esta cuestión, permite vislumbrar que los estudios efectuados parecieran reducirse a tres aspectos clave: la incidencia que la producción y comercialización de estupefacientes supone entre los consumidores (impacto sanitario y socio-cultural del consumo), la incidencia que dicha actividad plantea en términos de volumen de dinero y de financiamiento de otras actividades de delictivas y, finalmente, las consecuencias que el narcotráfico supone en términos de afectación de la seguridad de los territorios y , por tanto, de las personas que habitan en él.
Sin embargo, en las últimas décadas, ha surgido una nueva variante de esta actividad, la que supone una afectación directa de los derechos de los sectores más jóvenes y vulnerables de la población: la de los niños y adolescentes, sobre todo de los barrios pobres y periféricos, que pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados, a quienes con frecuencia se estigmatiza y señala como potenciales peligros sociales que deben ser controlados. Conforme indican estudios efectuados en distintos países de Latinoamérica, principalmente Méjico y Colombia –países donde el narcotráfico parece haber alcanzado una expansión sin límites, capaz de traspasar las distintas esferas que componen la estructura social-, cada vez son más los niños y adolescentes que, con anuencia de sus padres o de manera arbitraria, son captados y utilizados por grupos que se dedican a las actividades de terrorismo o narcoterrorismo, para llevar drogas compradas por alguien más, a través de las fronteras nacionales. Dichos individuos, usualmente conocidos como “mulas” o “correos humanos”, se convierten en la cara visible de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, siendo en muchos casos encarceladas y juzgadas como participantes del delito o incluso asesinados durante la comisión del mismo. Lo que no resulta siempre visible, aunque no por ello menos cierto, es que dichos niños son víctimas de la situación que les ha tocado atravesar.
De este modo, el crimen organizado convierte a los niños, niñas y adolescentes en víctimas de nuevas y diversas formas de violencia y de vulneración de sus derechos.
Paradójicamente, también, en muchas oportunidades, las políticas de control y de represión desarrolladas por las fuerzas de seguridad del Estado contra los grupos criminales han llevado, en la práctica, a la persecución de sus víctimas, dando lugar a nuevas formas de abusos y arbitrariedades ejercidos en contra de los menores.
La República Argentina no se encuentra ajena a esta realidad. El avance que el crimen organizado ha alcanzado, desde fines del siglo XX en adelante, es insoslayable.
Hace algunos años, Argentina parecía diferenciarse del resto de América Latina por la acotada presencia que el crimen organizado mostraba en el territorio nacional. Sin embargo, desde hace un tiempo, resulta cada vez más evidente que la criminalidad ha penetrado a las estructuras, tanto estatales como privadas, lo que posibilita el avance de las actividades del crimen organizado, en sus diversas manifestaciones.
En las últimas décadas, ha dejado de ser solo un país de tránsito, para convertirse, también, en un país productor, consumidor y exportador de drogas. Este proceso, que se iniciara, de forma paulatina, hace cerca de tres décadas, ha comenzado a acelerarse, recientemente, debido al incremento del consumo de estupefacientes, en conjunto con el desembarco de carteles transnacionales de drogas y su asociación tanto con redes locales. Como consecuencia, las organizaciones criminales han ganado relevancia y desarrollado nuevas expresiones de criminalidad, en el territorio.
A fin de ejemplificar esta cuestión vale citar las cifras recabadas, en el año 2011, por el Observatorio Argentino de Drogas. Focalizando en lo que al consumo de estupefacientes concierne, el informe elaborado por el Observatorio permitió observar que el 43,7% de los jóvenes de entre 17-25 años encuestados mencionó haber consumido, alguna vez, algún tipo de droga y un 36% de ellos reconoció hacer uso intensivo de las mismas1. En una línea concordante, hacia el año 2016, el Observatorio de la Deuda Social
1Sampó, C. (2017). Narcotráfico y trata de personas, una muestra de cómo el crimen organizado avanza en Argentina. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad.
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/2774/2749
Argentina (ODSA) planteaba que el registro de venta de drogas en el país se había incrementado en cerca de 50 %, hacia mediados de la década2.
Aunque la marihuana parece ser, por lejos, la droga más utilizada en el estrato etario de los jóvenes menores de 25 años (41,7% de los jóvenes encuestados la probaron alguna vez), la cocaína pisa fuerte detrás de ella (17% de los jóvenes consumieron en algún momento este estupefaciente)3. En este mismo sentido, el estudio desarrollado por el Observatorio Argentino de Drogas reveló que cerca del el 2,9 % de la población, de entre 15-65 años, había consumido cocaína alguna vez, en su vida4.
Así Argentina se ha convertido en el tercer mercado a escala global para productos ilegales derivados de la hoja de coca; es decir, pasta base, base de cocaína y cocaína, detrás de Estados Unidos y Brasil5. Si se analiza el fenómeno en términos relativos, Argentina se encuentra en la cima del consumo mundial de cocaína, junto con España. Aunque el incremento del consumo se registró en todos los niveles socioeconómicos, lo cierto es que supuso consecuencias más profundas en los sectores de menores recursos, principalmente, en las llamadas villas (barrios de emergencia) y asentamientos urbanos, como en aquello que el observatorio define como nivel socioeconómico bajo o vulnerable.
Frente a la conformación de dicho escenario, desde distintos poderes del Estado se han creado organismos, comisiones y reparticiones orientados al seguimiento y prevención de esta problemática, así como se han llevado a cabo cambios regulatorios con el objetivo de optimizar medios y coordinar acciones con el fin de enfrentar de manera más efectiva la narcocriminalidad. Entre éstos se destacan la creación de la Procuración Nacional de Narcóticos (PROCUNAR) por parte del Ministerio Público Fiscal; la Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico, creada por la Corte Suprema de Justicia; la Dirección Nacional de Investigaciones de Lucha Contra el Narcotráfico, en el marco del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Consejo Asesor científico-ético, en el marco del Observatorio Argentino de Drogas (SEDRONAR). Pese a ello, el narcotráfico ha avanzado en el país.
2Sampó, C. (2017). Narcotráfico y trata de personas, una muestra de cómo el crimen organizado avanza en Argentina. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/2774/2749
3Ibídem
4Ibídem
5Ibídem
Aun cuando no puede desconocerse que este fenómeno responde a un origen multicausal, lo cierto es que la existencia de algunas precondiciones ha facilitado el desarrollo del narcotráfico en el país. Entre éstas pueden mencionarse el emplazamiento territorial de Argentina.
La situación geográfica de la nación, al igual que la porosidad que presentan sus fronteras, es un dato significativo que ayuda a entender la dinámica que han adquirido las organizaciones criminales en los últimos años, especialmente aquellas relacionadas al tráfico de drogas. Argentina limita al norte con Bolivia (uno de los tres productores principales de cocaína, junto a Colombia y Perú) y Paraguay (principal productor de marihuana de América del Sur); países con los que se encuentra fuertemente vinculada, dados los flujos migratorios existentes. Al mismo tiempo, Argentina comparte la frontera al noreste con Brasil (segundo consumidor mundial de cocaína); nación utilizada por las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico como ruta de tránsito en el envío de estupefacientes a Europa.
Asociada a la frontera geográfica y socio-cultural con los tres países mencionados, se encuentra, también, las carencias en el ejercicio de la soberanía interna; más concretamente, la falta de control en los movimientos de los flujos de personas y mercancías que se producen en el interior del territorio nacional. A esto, deben añadirse los niveles de corrupción que han penetrado las estructuras de la política, fuerzas de seguridad e, incluso, del poder judicial de la nación; la debilidad de las instituciones que encuentran serios escollos para hacerse presentes y ser respetadas en todo el territorio nacional; las sucesivas crisis económicas atravesadas por el país, las que se vieran acompañadas por un fuerte deterioro de las estructuras sociales, haciendo que una porción cada vez más mayoritaria de la nación vea sus necesidades básicas insatisfechas (exclusión económica), entre otros.
Otro elemento, no menor, a considerar es que Argentina se ha convertido en un gran proveedor de precursores necesarios para el desarrollo de drogas sintéticas, pero también en un país donde se produce este tipo de estupefacientes (laboratorios clandestinos); en algunos casos de forma casera y en otros de manera más industrializada. Si bien la presencia de carteles extranjeros en el país (organizaciones mexicanas, peruanas y
colombianas, entre otras) puede rastrearse hace al menos treinta años, lo cierto es que en los últimos tiempos sus acciones se han visto incrementadas y complejizadas.
Pese a esto, la respuesta brindada por el Estado frente al avance de la criminalidad organizada ha sido nimia. Se detectan, a nivel estatal, serias dificultades para hacer cumplir la ley e incluso para castigar a quienes no la cumplen, y rompen con el orden social vigente, lo que actúa como un elemento favorecedor del desarrollo de actividades delictivas, al develar el grado de impunidad del que gozan los principales actores involucrados en la comisión de esta clase de delitos.
En tal sentido, al momento de analizar la lucha desplegada por la República Argentina contra la denominada Delincuencia Organizada Trasnacional (especialmente, del tráfico de estupefacientes) la opinión de los especialistas es coincidente en atribuirle a las Fuerzas de Seguridad intervinientes y a la justicia la penalización casi exclusiva de los eslabones menos significativos de la cadena de comercialización y/o consumo de estupefacientes, lo que posibilita la continuidad de las acciones de este tipo de organizaciones criminales en el tiempo, al no desarticular su estructura y/o sostén financiero.
Focalizando en lo que a la utilización de “mulas” o “correos humanos” dentro de estas organizaciones criminales concierne, no resulta para nada extraño o poco común que, al igual que acontece en otros países de la región latinoamericana donde las actividades ligadas al narcotráfico se han consolidado, niños y adolescentes argentinos, en muchos casos consumidores de drogas o provenientes de grupos familiares rotos o inexistentes, lo que los torna aún más vulnerables a los distintos tipos de violencia de los que pueden tornarse objeto, sean utilizados y abusados por adultos que los consideran piezas prescindibles e intercambiables de la cadena de producción y/o comercialización de estupefacientes, lo que comúnmente se conoce como el último eslabón, y por lo que se les encargan actividades de mayor riesgo para su integridad física y personal, como lo es el narcomenudeo o el traslado de sustancias ilegales de un lugar a otro. La falta de respuesta estatal frente a estas cuestiones no hace más que vulnerar a la niñez afectada por esta situación.
En tal sentido, las condiciones socio-económicas que atraviesa, actualmente, la infancia, en el país, no resultan alentadoras. Conforme proyecciones dadas a conocer por UNICEF Argentina, hacia fines del año 2020, la cantidad de niños, niñas y adolescentes pobres se incrementó en 1,3 millones, alcanzando la cifra de 8,3 millones; es decir que la pobreza infantil alcanzó al 62,9% de los individuos que conforman dicho universo6. Factor que, más allá de demostrar la situación de exclusión económico-social de los niños y adolescentes, devela la situación de vulnerabilidad, actual y futura -al menos en el mediano plazo- del que se tornan objeto.
Considerándose que, en concordancia con los postulados emanados de la Constitución Nacional argentina, así como de los tratados y convenciones de Derechos Humanos que esta incorporara a su texto, tras la última reforma del año 1994, corresponde al Estado el garantizar los derechos de los habitantes, principalmente, de aquellos que, dada su condición, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como lo son los niños, niñas y adolescentes, se plantea la necesidad e importancia de trabajar en pos de la erradicación de estas formas delictuales, así como del ejercicio de los distintos tipos de violencia que se le asocian. El principio del interés superior del niño supone el derecho de éste no sólo a vivir dignamente, sino también a gozar del derecho a la integridad física, moral y psicológica, entre otros.
La ley define las prácticas permitidas y no permitidas, así como los derechos y obligaciones, al igual que establece las sanciones legales para aquellas conductas que supongan una alteración del orden establecido. En este marco, incorporar al Código Penal vigente en la República Argentina la protección de las comúnmente denominadas “mulas”
supondría sancionar la conducta antijurídica de aquellas personas que reclutan menores de edad con la finalidad de que participen en actividades terroristas o narcoterroristas, no sólo al castigar la conducta dolosa de estos individuos (en su mayoría, personas mayores de 18 años), sino también al sancionar las consecuencias negativas que su accionar podría producir en los niños, niñas y adolescentes que son o han sido reclutados.
6 Cazón, S. (2020). La pobreza infantil alcanzaría a más de 8 millones de chicos en Argentina. Página/12. https://www.pagina12.com.ar/283197-la-pobreza-infantil-alcanzaria-a-mas-de-8-millones-de chicos?gclid=Cj0KCQjwnJaKBhDgARIsAHmvz6dkH9Y2RVafoMAa
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El Estado debe buscar erradicar toda forma de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, por ende, su reclutamiento para participar, de manera directa o indirecta, en actividades narcoterroristas. En este marco, se trata, entonces, de avanzar hacia el desarrollo de políticas y normativas orientadas a eliminar y prevenir el desarrollo de este tipo de conductas delictivas, así como concientizar a la sociedad de su existencia y consecuencias, actuales y futuras.
Siendo que las normas jurídicas regulan situaciones concretas que se presentan en la realidad, lo que el Estado debe proteger es no sólo a los individuos víctimas directas de las actividades delictivas, sino también el interés general de la población y en especial de los niños, niñas y adolescentes que resultan ser instrumentos del crimen organizado sin importar las consecuencias que puede acarrarear a futuro para nuestras generaciones.
*Autora: Karina Chavez. Abogada (UBA).Especialista en Derecho Penal (USAL). Bibliografía
Bergman, M. (2016). Drogas, narcotráfico y poder en América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
Bonfiglio, J. I., Rival, J. M & Rodríguez Espínola, S. (2016). Barómetro del narcotráfico y las adicciones en la Argentina: serie del bicentenario 2010-2016. Informe N°3. Venta de drogas y consumos problemáticos: una aproximación diagnóstica a las adicciones en jóvenes de barrios vulnerables. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung
Cazón, S. (2020). La pobreza infantil alcanzaría a más de 8 millones de chicos en Argentina. Página/12. https://www.pagina12.com.ar/283197-la-pobreza-infantil alcanzaria-a-mas-de-8-millones-de
chicos?gclid=Cj0KCQjwnJaKBhDgARIsAHmvz6dkH9Y2RVafoMAa 8jjdy4P_9b7MY9eeWtLAhVi1z3x8Ncg6w0rWZsaAiyTEALw_wcB
Sampó, C. (2017). Narcotráfico y trata de personas, una muestra de como el crimen organizado avanza en Argentina. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/2774/2749
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