La “Forestación”, Un Sector Importante Para El País.
En informes oficiales, la Argentina tiene una superficie aproximada de 31 millones de hectáreas (ha) de bosques nativos, y de 1,3 millón ha de forestaciones de especies exóticas de rápido crecimiento, (la cuenca forestal, en la Mesopotamia, se acerca al millón ha.).
La superficie podría llegar a 5 millones ha sin competir con actividades agrícolas o ganaderas; esto permitiría que el país sea un actor internacional en el sector maderero. Es relevante para el incremento de m3 de fibra por año, su industrialización, y para el establecimiento de nuevas industrias.
Una gestión “sostenible”.
“La gestión del recurso forestal” puede generar “desarrollo sostenible”; crecen la economía, el empleo, y su objeto es un recurso natural multifuncional (desde lo social, productivo, ecológico). BENJAMÍN enseña que la sostenibilidad considera a tres pilares: social, económico, y ambiental.
La legislación argentina de incentivo forestal.
Es viable para cumplir con objetivos del país desde el Acuerdo de París (vigencia, 2016), y con compromisos asumidos frente a la ONU-FAO al 2030.
En lo “forestal” (bosques implantados o cultivados) rige normativa nacional, y provincial, que ha incentivado a ampliar la oferta maderera; se dio fundamentalmente desde la ley nacional 25.080/99.
Cómo propiciar encadenamientos productivos más “sostenibles, complejos e integrados”.?
Actuar con organizaciones públicas, privadas, académicas, e incorporar a la sociedad y al financiamiento.
El “desarrollo sostenible” impone mantener un volumen de recursos aptos para que las generaciones futuras aprovechen. El problema: las generaciones futuras están ausentes; el equilibrio al que puede llegar una generación por contrato es insuficiente; se debe asegurar una herencia ambiental con racionalidad.
La ley 25.080, su reforma y prórroga por ley 27.487; la ley 25675; la 26.331; y la jurisprudencia de Corte Suprema (CSJN); determinan reglas.
La CSJN: principios ambientales de “progresividad” y “no regresión”. Las políticas públicas.
La “progresión” y “no regresión” imponen avanzar en la protección del ser humano en interdependencia con la biodiversidad; hay interés colectivo para la supervivencia del hombre y de la conservación de bienes.
La CSJN en fallo del 26/03/09, “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y otro”, habló de “progresión”, y en otros antecedentes sobre “derechos sociales”, aplicables a “lo ambiental”, también; por ejemplo: Fallos: 328:1602; Fallos: 336:672; entre otros.
En la causa “Mendoza” el máximo tribunal ordenó avanzar en la lucha contra la contaminación de un río; en la Resolución N° 20 del 06/2006, siguió la idea de “progresividad”. Es un caso paradigmático sobre cómo trabajar el Sector Público en temas ambientales, los tres niveles del Estado, coordinadamente.
La prórroga de la ley N° 27.487/19.
La ley 27487 (prorroga y reforma de la ley 25.080/99), dispone que la zonificación por “cuencas forestales para la localización de emprendimientos”, será en función de criterios de sostenibilidad ambiental, económica o social; también que deberá respetarse el “ordenamiento territorial de bosques nativos” adoptado por ley provincial (según ley 26.331). Pero informes de Nación muestran muchas jurisdicciones con “ordenamiento territorial” vencidos.
Autoridad de aplicación: la ley no considera a la cartera de Ambiente nacional; tampoco para la instrucción y aplicación de sanciones.
Al implicarse al “desarrollo sostenible” y al “calentamiento global”, se debería dar participación a la cartera ambiental, para reglar con más calidad.
Fondo Nacional de Bosques Cultivados; y la tributación con asignación específica
La 27487 crea el “Fondo Nacional de Bosques Cultivados”. Desde la teoría de la tributación, no es la mejor herramienta para financiarlo, por los riesgos de cajas presupuestarias separadas de la principal (problemas en el control del Sector Público, desde la técnica tributaria/presupuestaria).
La asignación de fondos por ley de presupuesto, o el convenio con el sector privado, promovido por el Sector Público, como ocurrió en el “Seguro Verde” (SV), que financia este fondo, es una decisión más amigable al privado; se incentiva el “desarrollo sostenible” sin crear tributos.
Apuntamos: el SV fue una propuesta que se inició el 06/2018, de la Superintendencia de Seguros de la Nación junto al Sector Privado (mayor detalle ver link: https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/seguro-verde/alianza-entre-el-estado-y-las-empresas).
En resumen: cada póliza digital de autos, motos, camiones, adheridas al SV, destina un porcentaje de su valor a la forestación argentina (bosques nativos como implantados); se mitigan emisiones de CO2 por la mayor circulación de vehículos, y en un plan de manejo sostenible, se puede proteger la biodiversidad.
Solo algunas metas de articulación Publico/Privado, a corto plazo.
Algunos estudios exponen: consolidar la superficie de forestación anual en 100.000 ha. Si se duplicara la superficie de forestaciones, el país sería un actor en el ámbito forestal mundial.
Fortalecer capacidades tecnológicas (INTA/INTI/Universidades/CONICET); instalar una fábrica integrada de celulosa y papel de 250.000 Tns./anuales y otra fábrica integrada de celulosa y papel Kraft de 300.000 Tns./anuales de producción. Inversión en centrales termoeléctricas que generen entre 10 y 30 MW con combustible de biomasa forestal.
Aumentar la producción de madera compensada, mejorando la eficiencia en rendimiento de los aserraderos. Acrecentar trabajos de ganadería de bajo carbono con sistemas silvo pastoriles. Producción y exportación de resina. Promoción de energía derivada de biomasa.
Colofón.
El país necesita el trabajo conjunto de los Sectores Público y Privado, de manera creativa, en acciones propias de países de economía mixta; intentando múltiples beneficios para promover “el desarrollo sostenible”.
BILL GATES en su libro titulado “Cómo evitar un desastre climático”, afirma que la tarea de construir los consensos con más rapidez que otros parecidos llevados a cabo antes, es “titánica”, pero concluye: “ES POSIBLE”.
Autores:
Antonio Morlio
Economista (UNNE)
Mag. en Ciencias Agrarias. U. de Goettingen, Alemania
Dr. RRII, U. Salvador
Iván Ríos Benítez
Abogado (UNNE)
Mag. en Finanzas Públicas, U. La Matanza/IEFPA
Mag. Derecho Tributario. U. Barcelona.
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